Venezuela corre el riesgo de entrar en
una espiral de violencia, que lleve a una crisis de derechos humanos, alerta
Amnistía Internacional, que documentó casos de torturas y otras violaciones de
los derechos humanos, en el marco de las protestas que arrancaron en febrero,
en el país latinoamericano.
"Amnistía ha documentado,
violaciones al derecho a la vida y torturas y violaciones a la integridad
física, como palizas a detenidos bajo custodia, y en el momento de la
detención", manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional
España, en el lanzamiento mundial de un informe sobre Venezuela en Madrid.
La organización de defensa de los
derechos humanos documentó sobre el terreno, también un uso excesivo de la
fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como detenciones arbitrarias
y restricción a detenidos del acceso a abogados, entre otras violaciones.
"Esta es una crisis muy seria,
quizá la más importante desde el año 2002", cuando se produjo un golpe de
Estado contra Hugo Chávez, señaló Beltrán. Si a los cerca de 40 muertos se les
añaden "las dificultades para llevar a cabo investigaciones independientes
e imparciales y la enorme proliferación de armas de fuego en el país, la
situación es cada vez más complicada".
El informe de Amnistía Internacional,
titulado "Venezuela. Los derechos humanos en riesgo en medio de
protestas", se centra en el primer mes de las manifestaciones contra el
gobierno de Nicolás Maduro que arrancaron el 4 de febrero. Entre ese día y el
27 de marzo dejaron un saldo de al menos 37 muertos, más de 550 heridos y más
de dos millares de detenidos.
El documento recoge testimonios y
fotografías para documentar las violaciones de los derechos humanos, entre
ellas la tortura como castigo a participantes en las protestas contra el
gobierno.
"Lo primero que recibí fue
patadas en la cara, golpes en la cara, patadas en la costilla, cachazos en la
frente", narra Daniel Quintero, estudiante de 21 años, detenido tras una
manifestación contra el gobierno el 21 de febrero en Maracaibo.
Ya en las instalaciones de la Guardia
Nacional Bolivariana, el comandante "me dijo que me iba a quemar. Y a su
lado derecho tenía un bote de gasolina, alambres y fósforo".
Trasladado a instalaciones de la
Guardia Nacional, lo metieron en el calabozo. Desnudo, "me esposaron la
mano izquierda a nivel de mis pies a la pared. Me pusieron dos reglas: que no
podía dormir (...) y que tenía que estar con los pies juntos, mano derecha
tocándome los tobillos y el ombligo prácticamente pegado a los muslos".
Nuria García, autora del informe,
apuntó que muchas de las víctimas con las que habló no quisieron que se
informara de sus casos por temor. Para la realización del informe, AI se reunió
también con la Fiscalía General y con la Defensora del Pueblo.
Amnistía muestra también
"preocupación" por la actuación de los grupos armados pro gobierno
que han ejercido violencia contra manifestantes sin que las fuerzas del orden
intervinieran.
Entre sus víctimas está presuntamente
Génesis Carmona, estudiante de 22 años que murió por un disparo cuando uno de
estos grupos, desde una moto, abrió fuego contra manifestantes en Valencia,
estado de Carabobo, el 18 de febrero. "Hasta ahora no tenemos conocimiento
de que ninguno haya sido llevado ante la Justicia", dijo García.
AI también recibió denuncias y
documentó violencia ejercida por manifestantes antigubernamentales. "Pero
no hemos podido documentar (la existencia de) grupos armados organizados por la
oposición", aseguró Beltrán.
El Ministerio Fiscal, según Beltrán,
abrió 81 investigaciones, 75 de ellas por malos tratos a manifestantes, dos por
tortura, otras dos por asesinato y otras dos por asesinato no intencionado.
Además fueron detenidos 17 agentes. Unas cifras insuficientes para AI.
Beltrán recuerda que durante años, y
con gobiernos distintos, AI tuvo distintos motivos de preocupación en el país
latinoamericano. "Pero en estos momentos la crisis es suficientemente
grave como para que Amnistía haya emitido un informe de estas
características".
La situación solo se podrá salvar,
según la organización, con un Plan Nacional de Derechos Humanos como resultado
de un diálogo nacional que incluya los puntos de vista de todas las partes
involucradas, también disidentes y opositores.
Amnistía pide al gobierno de Maduro
que asegure "investigaciones imparciales e independientes" de cada
una de las denuncias de violaciones que se han producido durante la actual
situación.
A los líderes de la oposición les pide
"una señal clara y contundente" hacia sus simpatizantes para que
ejerzan "de forma pacífica" sus derechos de libre expresión,
asociación y reunión.
Y se dirige también a la comunidad
internacional, a la que insta a "fomentar" soluciones respetuosas con
los derechos humanos y a "promover" el diálogo en la búsqueda de vías
de salida de la ola de violencia. DPA.
