Mientras el
equipo de abogados de Henrique Capriles presentaba este jueves ante la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, un recurso de
impugnación de las elecciones presidenciales del 14 de abril, el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, viajó hasta la cercana ciudad de Los Teques, capital
del Estado de Miranda —del que Capriles es gobernador—, para amenazar a su
rival: “La revolución viene a Miranda a proteger al pueblo, porque está
abandonado, lamentablemente, pero por ahora, eso no será para siempre”. En esa
simultaneidad quedan patentes las estrategias de ambos bandos en la nueva fase
en la que, desde los comicios, ha entrado la guerra de posiciones que desde
hace 14 años libran chavismo y oposición.
Los
opositores buscan atrincherarse en el frente legal y administrativo que, aunque
escabroso —el oficialismo controla todos los poderes del Estado, incluido el
judicial—, permite llegar hasta instancias judiciales internacionales. “Aunque
sepamos cuál es la realidad”, dijo Capriles el miércoles al anunciar que
acudiría al TSJ, “nosotros vamos a agotar toda la institucionalidad, todas las
instancias internas”.
Por su parte,
el Gobierno de Maduro sigue mostrando señuelos para sacar de esa trinchera a
los opositores y enfrascarlos en una batalla campal que convierta el resultado
de las elecciones —cuestionado por la oposición, que se niega a reconocerlo— en
un dato apenas relevante.
A punto de
cumplir dos semanas en el poder, el presidente se trasladó en un vagón de metro
a Los Teques, baluarte político y electoral del gobernador Capriles. Se trataba
de una jornada del denominado “gobierno de calle” que Maduro intenta implantar,
mediante una serie de reuniones de su Gabinete ministerial de tipo itinerante
por el país. En la capital de Miranda no solo criticó la gestión de Capriles,
sino que pareció preparar el terreno para una inminente intervención estatal de
la policía local, que, dijo, “está en manos de una mafia” y de bandas de
secuestradores que acosan a los habitantes del área metropolitana de Caracas.
“Ahora le toca al pueblo y al Estado decir si está de acuerdo o no”, aseguró,
“vamos a revisar todo eso”.
Maduro ya
había nombrado meses atrás a Elías Jaua, actual ministro de Exteriores
Canciller y excandidato a la gobernación de Miranda —donde fue derrotado en
diciembre en las urnas por Capriles— “Protector del Estado”, un cargo simbólico
que no figura en ninguna normativa pero que le permite utilizar un andamiaje de
gobierno paralelo para su próxima candidatura en el Estado.
Jaua, que
acompañó a Maduro en su recorrido por barrios populares de Los Teques, ha sido
el encargado en los últimos días de desechar las distintas ofertas de mediación
o llamadas al diálogo entre las partes surgidos desde la secretaría general de
la Organización de Estados Americanos (OEA), el ministerio de Exteriores
español, o de la Conferencia Episcopal, esta última, haciéndose eco de la
preocupación explícita del papa Francisco en torno a la situación venezolana.
El Gobierno
está buscando desquiciar a la oposición, aun a costa de socavar un activo que
el propio comandante Hugo Chávez —el valedor póstumo de Maduro— cuidó con celo:
el aspecto democrático de su régimen. El ataque a los congresistas disidentes
del pasado martes sería parte de este intento. También la radicalización
expresada a través de la detención de dirigentes estudiantiles y de un líder
opositor, el general retirado Antonio Rivero, exfuncionario de la
Administración de Chávez.
La escalada
puede alcanzar su cima si se concretan las amenazas de procesar a Capriles como
presunto responsable de los desórdenes registrados en todo el país hace dos
semanas, cuando el candidato opositor se negó a reconocer los resultados
electorales. De acuerdo con los datos oficiales, los disturbios causaron 9
muertos y 78 heridos.
El Gobierno
ha vetado en las cadenas públicas la cobertura en vivo de una rueda de prensa
del gobernador del Estado de Lara y jefe del comando de Capriles, Henri Falcón,
así como la presentación del documento de impugnación de las elecciones ante el
Supremo. Maduro sostiene que está siendo objeto de censura e “invisibilización”
por parte de los medios privados. Mientras tanto, el único canal que ha
cubierto actos de la oposición, Globovisión, se halla inmerso en un proceso de
cambio de propiedad. ACCESO365
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