El proyecto
despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de
gestación bajo determinadas condiciones y sustituye otro aprobado en diciembre
de 2011 por el Senado, promovido por el gobernante Frente Amplio (FA,
izquierda) pero que fracasó por la oposición de uno de sus diputados.
El FA tiene
una ajustada mayoría de 50 diputados (en 99) en la cámara baja y debió negociar
una versión alternativa con el Partido Independiente, lo que permitiría que el
nuevo proyecto sea aprobado el martes. Si es validada, la iniciativa debe
volver al Senado para que éste convalide los cambios.
Según la
norma en debate, para abortar la mujer debe entrevistarse con un equipo de al
menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y
los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción. Luego tendrá que
esperar cinco días y si ratifica su voluntad de abortar se coordinará el
procedimiento.
Como
excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo
para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida
extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las
14 semanas de gestación. "No es el proyecto por el que hemos peleado
tantos años", dijo a la AFP Ana Lima, integrante de la Coordinadora por el
Aborto Legal, añadiendo que hay cierta "frustración" por el proyecto
que se acordó a nivel político.
Según la
organización, el proyecto no implica una despenalización sino que
"suspende la pena" si se cumplen los trámites, no le reconoce a la
mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y no prevé sanciones a los
servicios de salud que no cumplan con los plazos previstos. "Todas las
obligaciones están del lado de las mujeres", cuestionó Lima.
Además,
"es un retroceso" del código penal actual porque en los casos de
violación acorta el plazo legal para realizarse un aborto a 14 semanas. De
todas formas, "estamos poniendo un puntito más en la legislación y en la
agenda de una sociedad", sostuvo. "Es la ley que tendremos y habrá
que seguir trabajando en la etapa de la reglamentación. En la sociedad
civil habrá que organizar apoyo y asesorías". - "Proyecto
maquillado" En la vereda de enfrente, una veintena de organizaciones
"Pro-Vida" convocaron para la noche del lunes a una manifestación en
contra de la iniciativa.
Lorna
Marchetti, vocera del Movimiento, dijo a la AFP que "se ha maquillado un
poco el proyecto pero aunque no está explícito que el aborto va a ser un
derecho, en los hechos sí lo va a ser". "Se le está confiriendo a la
mujer un permiso para que libremente pueda abortar cumpliendo requisitos
mínimos y se está transformando en un acto médico", añadió, cuestionando
que tampoco toma en cuenta la opinión del padre.
Para
Marchetti, "todavía no está todo dicho" y aseguró que seguirán
"peleando y militando" para evitar la aprobación de la ley. Al
realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de
contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país
de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año,
contra unos 47.000 nacimientos.
Desde 2008
una mujer que desea interrumpir su embarazo tiene garantizado por ley el
derecho a obtener información sobre la mejor manera de hacerlo. Pero cuando
recibe la indicación mas frecuente, tomar misoprostol (Un medicamento para
úlceras), éste no puede ser recetado por un ginecólogo, por lo que sólo puede
comprarlo en el mercado negro.
A principios
de este año, dos mujeres de 28 y 32 años fallecieron por abortos con ese
medicamento. La ley vigente, de 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a
la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el
mismo y con dos a ocho años a quien lo practique sin el consentimiento de la
embarazada. Proyectos para legalizar el aborto fracasaron en 1978-1979, 1985,
1991, 1993, 1998 y 2002.
Esta es la
tercera iniciativa que analiza el FA desde su llegada al poder en 2005. En
2008, el Parlamento lo despenalizó pero la ley fue vetada por el entonces
presidente Tabaré Vázquez alegando "principios éticos".
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