La denuncia fue realizada por la ONG, Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), y el hecho es considerado por la organización, como "una nueva modalidad de trata" de personas.
La directora regional de CATWLAC, Teresa Ulloa Ziáurriz, dijo que los grupos delictivos aprovechan las condiciones de pobreza en las que viven las jovencitas, para lograr que les sirvan de "halcones" (espías) para informar la ubicación de los diferentes cuerpos policíacos, por un sueldo de 1.200 pesos semanales (unos 92 dólares).
"Las jovencitas creen que es mucho dinero, sobre todo cuando la familia tiene necesidad", señaló.
Ulloa aseguró que las mujeres además, fueron entrenadas para ser sicarias o "son esclavas sexuales de los jefes de las plazas, quienes llegan a cometer feminicidio contra ellas, cuando se aburren de su compañía", según despacho de DPA.
"Están apareciendo los cuerpos tres meses después de matarlas. Los criminales las llevan a granjas en las afueras de los estados para entrenarlas", manifestó la también ganadora del premio de activismo internacional Gleitsman 2011.
Según la representante de la organización, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ocurrieron los primeros casos, pero la táctica se extendió después a Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México.
Ulloa consideró que para combatir eficazmente este delito, debe ser aprobada la nueva ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y delitos relacionados.
"Mientras en México 500.000 personas son víctimas del delito de trata, la ley vigente para enfrentar este ilícito, no es eficiente para perseguirlo y deja en desamparo total a todas las víctimas de la trata interna, y con muy deficientes instrumentos para su asistencia y protección", señaló.
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