El presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, reaccionó con indignación ante los ataques con ácido perpetrados en
días recientes, contra dos mujeres en la capital, Bogotá.
Santos ordenó a la policía, a que
actúe con contundencia contra los agresores, y ofreció una recompensa de unos
US$ 40.000, por información que conduzca a la identificación y captura de los
responsables y este viernes, uno de los dos supuestos atacantes fue detenido.
Varias figuras públicas y columnistas,
se unieron al coro de denuncias contra este tipo de crimen, que ha ido en
ascenso en los últimos años. Según los datos de Medicina Legal, la cifra de
víctimas ya ronda en las 1.000.
Aunque en Colombia la violencia contra
la mujer es un problema cotidiano, los ataques con ácido no solamente ocurren
contra éstas. Una buena proporción de víctimas han sido hombres, según la misma
fuente de Medicina Legal.
El gobierno de Santos ha buscado
implementar una nueva legislación para endurecer los castigos, controlar la
venta al público de los químicos y asistir a las víctimas pero, hace solo unos
meses, dejó vencer el plazo legal que tenía para reglamentar la ley.
Ataques recientes: Desde hace unos años, los
ataques con ácido contra mujeres se han vuelto comunes en Colombia.
Sin embargo, las autoridades se
pusieron en alerta y la opinión pública se desbordó cuando ocurrieron dos casos
es espacio de días.
Natalia Ponce de León resultó quemada
por el químico que le lanzaron al salir de un edificio en Bogotá, a finales de
marzo. La profesional de 33 años quedó con quemaduras en más del 30% del
cuerpo.
Su abogado dice tener serios indicios
de que el agresor podría ser alguien conocido de la víctima -un patrón que se
repite con esta modalidad de crimen. Este viernes, el supuesto atacante, un
hombre de 32 años, fue capturado, según informó el presidente Santos en su
cuenta de Twitter.
Unos días después del ataque a Ponce
de León, el 2 de abril, la víctima del otro incidente fue Sorleny Pulgarín, de
23 años, que fue atacada con ácido en un barrio de Engativá, en el sur de
Bogotá.
Esta vez, el ataque vino de una vecina
con la que mantenía un pleito constante. La mujer ya fue arrestada.
Durante una Junta de Seguridad
Ciudadana en Cali, el presidente Santos repudió los actos de violencia contra
las mujeres y ofreció una recompensa: "75 millones de pesos (unos
US$40.000) para cualquier persona que nos dé información sobre responsables de
este tipo de crímenes y quién está detrás de esta modalidad".
El problema en Colombia es que esa
modalidad de crimen es considerado de tipo personal, como agredir a alguien a
golpes, y las penas contempladas son pocos severas comparadas a los daños
físicos y emocionales que dejan los ataques.
El ex ministro de Ambiente, Juan
Gabriel Uribe, reaccionó airadamente en un debate por la emisora Caracol,
diciendo que los agresores deberían pagar con la misma moneda.
"El que agrede así a otro, acaba
con una persona y con una familia. A ese señor hay que reventarlo con
ácido", expresó durante la trasmisión.
Dejando el ánimo acalorado de lado,
varias columnas de opinión coincidieron en que había que, por lo menos,
modificar la ley para aplicar castigos más consecuentes.
"Deben recibir las penas más
severas... penas que también deberían recaer sobre los encargados de aplicar
las sanciones y hacer justicia, cuando incumplen con su deber y dejan el crimen
y el criminal en la impunidad", escribió Enrique Santos Molano en la sección
de opinión del diario El Tiempo.
El editorial de otro diario, El
Espectador, declaró que "es inconcebible que... una práctica tan bárbara
como esa, tan impactante, siga ocurriendo en nuestra sociedad. En nuestra
capital, a plena luz del día, como si todavía viviéramos en la Edad
Media".
Legislación estancada: El
crimen deja profundas secuelas físicas y emocionales.
En primer lugar, creó una línea
telefónica de emergencia donde cualquier persona puede hacer su denuncia
anónimamente y recibir asistencia.
También existen sobre la mesa varias
legislaciones para endurecer las penas, así como el control de la
comercialización de ácidos y sustancias derivadas, y la puesta en marcha de un
plan integral de atención de víctimas.
Santos había sancionado la ley y tenía
plazo hasta el pasado enero para reglamentarla, pero dejó pasar la fecha. Ahora
el gobierno está trabajando retroactivamente para destrabar esa situación.
Entretanto, el fenómeno de ataques con
ácido continúa su ritmo alarmante.
Uno de los casos más sonados sucedió
en 2007. Desde entonces se ha acelerado a un promedio de más de 60 anuales y,
según los registros de Medicina Legal, en los últimos diez años ya se han dado
más de 1.000.
La institución indica que, mientras
las mujeres están en una situación vulnerable frente a sus agresores, las
víctimas masculinas son casi la mitad de los casos reportados.
Grupos activistas por los derechos de
la mujer sostienen que son muchos más los ataques que no son reportados.
Frustración de las víctimas: Dice
Arturo Wallace, de BBC, Bogotá: “Algo particularmente frustrante para las
víctimas de los ataques con ácido es que el país sólo parece tomar conciencia
de la gravedad de la situación cada vez que se producen casos de alto perfil,
los que por lo general son rápidamente desplazados de la agenda por nuevos
escándalos.
“A inicios de 2012, el regreso del
tema a las primeras páginas de los diarios y los noticieros de radio y
televisión, luego de varios ataques, impulsó la discusión y posterior
aprobación de un viejo proyecto de ley para ampliar las penas en contra de los
agresores y evitar que pudieran beneficiarse de la modalidad de casa por
cárcel.
“Sin embargo, hay un elemento en el
caso de Ponce de León que podría terminar haciéndolo un símbolo particularmente
poderoso en la lucha contra los ataques con ácido.
“Al haberse producido en un barrio
elegante del norte de la capital, y no en los barrios populares del sur, como
generalmente pasa, la agresión en contra de Natalia ha logrado tocar a sectores
que antes veían este tipo de ataques como algo sin duda condenable, pero
también muy lejano.
“Aunque la ley fue finalmente
sancionada por el presidente de la República en julio del año pasado, a la
fecha la misma todavía no ha sido reglamentada”. Mdzol.
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