El gobierno argentino quiere una disculpa de la Casa Blanca. Es la condición para "desescalar" la crisis en la relación con Washington por una porción del cargamento del avión militar que aterrizó el 10 de febrero con personal y material para un curso de entrenamiento de tropas especiales de la Policía Federal.
El Departamento de Estado y el Pentágono dijeron que la cuestión se convirtió intencionalmente en un incidente por decisión local y que no pedirá perdón porque no se cometió delito alguno.
La Aduana argentina le comunicó al juez que no hubo delito y que lo que ocurrió podría ser una infracción aduanera. No dijo que hará con el material incautado pero Aníbal Fernández anticipó que, como en otros casos, lo que fue secuestrado puede ser destruido. Así, el jefe de Gabinete, que promovió los cursos de capacitación con Estados Unidos y fue indicado por la diplomacia americana como abierto al diálogo con la embajada, se convirtió en el portavoz de la posición más dura.
Una de las consecuencias posibles de esta tensión es que Washington revise la condición de aliado extra OTAN que tiene la Argentina desde los tiempos de Menem. Sin embargo, el alcance de esta fricción seguramente afectará a otros y más sensibles temas, en los que la buena disposición de Washington es muchas veces crucial.
La crisis abierta precisa de voluntad para intentar cerrarla sin que esto signifique que las infracciones, si es que se produjeron, sean olvidadas. Para esto se precisa profesionalidad, que está ausente, en el resguardo de los intereses del país que van más allá de una mera táctica política.
Mezclar cuestiones domésticas y electorales en las relaciones internacionales, como ya se ha hecho en otras épocas con resultados trágicos, es un gravísimo error. Repetirlo es una necedad.
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