
A través de un comunicado del ministerio del Interior se indicó que los acusados utilizaban cuatro departamentos en Madrid para los encuentros entre las jóvenes y los clientes. Además, contaban con un centro de operaciones desde donde controlaban las transmisiones de las cámaras de video.
Por estas razones, los acusados son sospechosos de explotación sexual y asociación criminal, entre otras causas.
El tanto, el documento no hizo mención al día en que se realizaron los arrestos ni a la nacionalidad de los detenidos.
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