El presidente Nicolás Maduro, cumplió
el martes su amenaza de tomar medidas contra las aerolíneas que cancelaran
vuelos hacia o desde Venezuela, y rompió sus acuerdos con Air Canada.
"Terminamos esa relación con Air
Canada", dijo a periodistas el ministro de Transporte Acuático y Aéreo
venezolano, general Hebert García Plaza.
Esos convenios se firman entre los
países, en este caso Venezuela y Canadá, para que las líneas aéreas puedan
volar entre uno y otro Estado.
Según el ministro, la cancillería
venezolana iniciará los trámites administrativos necesarios para implementar la
sanción.
Desde Canadá, Jana Régimbal secretaria
de prensa del Ministerio de Transporte de Canadá, dijo que se trata del caso de
una empresa privada que toma decisiones sobre la base de sus propios intereses.
La semana pasada Maduro había
advertido a las aerolíneas que si suspendían operaciones podían sufrir severas
sanciones. Las líneas aéreas reclaman una deuda de 3.300 millones de dólares al
gobierno venezolano.
En enero las autoridades aeronáuticas
venezolanas se reunieron con las empresas aéreas para discutir la situación del
sector y la deuda que mantiene el gobierno con las aerolíneas, que surge de la
diferencia entre los ingresos por la venta de boletos en bolívares y los gastos
de operaciones en dólares en Venezuela, donde existe un estricto control de
cambio.
En su comunicado de la víspera, Air
Canada alegó que no podía garantizar la operación tras los conflictos sociales
y manifestaciones en el país.
Según el ministro García Plaza, la
suspensión de Air Canada fue unilateral, una "sorpresa".
Desde febrero Venezuela se ha visto
sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de
clase media, contra la galopante inflación —que alcanzó en febrero una tasa
anualizada de 57,3% —, el desabastecimiento y la creciente delincuencia.
Los enfrentamientos han dejado 26
muertos y cientos de heridos, según cifras del gobierno.
Maduro rechaza las manifestaciones y
afirma que forman parte de un plan de la oposición para promover un golpe de
Estado en coordinación con grupos de intereses de Estados Unidos.
Paralelamente la bancada oficialista
aprobó el martes una moción para entregar ante la Fiscalía General supuestas
pruebas con las cuales se iniciará el trámite de retiro de la inmunidad a una
diputada opositora por varios presuntos delitos entre los que estaría llamar al
desconocimiento de las autoridades nacionales.
Los parlamentarios aliados al gobierno
tratan de probar que la diputada opositora María Corina Machado, una feroz
crítica del gobierno, es culpable de llamar al desconocimiento de la autoridad
de la Asamblea Nacional y tiene planes desestabilizadores contra el gobierno de
Maduro.
La Constitución otorga inmunidad a los
funcionarios electos por votación popular y establece que para poderlos someter
a un proceso judicial el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro
de la inmunidad.
Maduro y sus más cercanos aliados,
entre ellos Cabello, responsabilizan de forma directa a la diputada Machado y
al dirigente opositor Leopoldo López de organizar protestas.
López está detenido desde el 18 de
febrero por organizar protestas contra el gobierno.
Aunque inicialmente las autoridades
anunciaron que López sería acusado de homicidio y terrorismo, el dirigente sólo
fue encausado por asociación para delinquir, instigación a la violencia y daños
contra la propiedad.
Por otra parte, unas 500 personas se
concentraron el martes en la localidad de Los Teques, en el estado Miranda,
para marchar hacia la prisión donde está el dirigente opositor Leopoldo López,
detenido el 18 de febrero por su supuesta vinculación con las protestas.
"Hace un mes Leopoldo nos
demostró un acto de valentía", dijo su esposa Lilian Tintori, quien exigió
que su esposo sea liberado. "Él nos dio un ejemplo de fortaleza".
No hubo hechos violentos en esa marcha
opositora.
En tanto, la Plaza Altamira en el
municipio de Chacao, que durante semanas ganó notoriedad por los
enfrentamientos violentos entre manifestantes opositores al gobierno, civiles
armados y fuerzas del orden, retomaba lentamente a la calma el martes tras ser
desalojada el día anterior por las fuerzas de seguridad.
"El municipio Chacao se encuentra
con buena movilidad vial, calles abiertas. Presencia militar", dijo en
Twitter el alcalde de ese municipio, Ramón Muchacho.
La circulación de vehículos y motos
por las calles es vital para una ciudad como Caracas, con dos millones de habitantes
—cuatro millones si se cuenta la periferia— donde la densidad vehicular es
enorme.
Por la tarde en la Plaza se juntaron
grupos de opositores que rezaban o pintaban pancartas.
Sin embargo el vicerrector de la
Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA),
Enrique Ramos, denunció que un grupo de 40 encapuchados asaltaron la sede y
quemaron un autobús y la biblioteca.
"Saquearon nuestra casa de
estudios", expresó Ramos ante Venezolana de Televisión.
El profesor Fermín Moreno asistente
del decano de la UNEFA, dijo al diario local El Universal que el incidente
ocurrió en la sede de la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado Táchira,
en el suroeste del país.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de
Justicia ordenó a varios alcaldes opositores implementar medidas para evitar la
instalación de "guarimbas", como se conocen popularmente las
barricadas, en sus jurisdicciones, y citó a otro por desacato.
Según el máximo tribunal estos
funcionarios deben garantizar el libre tránsito de personas y vehículos.
El bloque oficialista que lidera
Maduro, que ganó fácilmente las elecciones municipales en diciembre, se ha
mantenido cohesionado en medio de la crisis política y económica que enfrenta
el país. En la tensa situación el mandatario ha contado con el apoyo de la
Asamblea Nacional, que es controlada por el oficialismo, el poder judicial y
las fuerzas armadas. Mdzol.
