Un grupo de militares de la OTAN podría ser condenado a hasta 12 años de cárcel por haber tiroteado una aldea en Afganistán en 2007. El ataque habría dejado un saldo de decenas de heridos y seis muertos, casi todos mujeres y niños.
La Fiscalía de Polonia presentó cargos oficiales contra un grupo de efectivos polacos de las fuerzas de coalición internacional en Afganistán.
Los oficiales podrían ser sentenciados a hasta 12 años de prisión: están acusados de haber cometido un crimen de guerra y el asesinato de civiles. Los soldados podrían recibir condenas de entre 8 y 10 años. Se espera que la sentencia más 'suave' –de 5 años de cárcel– sea para un soldado raso de reserva acusado solo de haber asaltado un objeto no protegido. El ataque contra los ciudadanos civiles fue calificado como violación de los convenios de La Haya y de Ginebra.
La Fiscalía tardó dos años en definir si el fuego contra los civiles fue premeditado o no intencional, en definir el grado de responsabilidad personal de cada uno de los involucrados en la agresión y en presentar los respectivos cargos oficiales.
El incidente tuvo lugar el 16 de agosto de 2007. El ataque fue realizado después de que vehículos de patrulla polaco-estadounidense de ISAF (Fuerzas de Seguridad Internacional en Afganistán, por sus siglas en inglés) explotaran por una mina. Dos de ellos resultaron afectados. La explosión fue seguida por el fuego de los talibán contra los polacos. Los militares respondieron y pidieron asistencia a fuerzas adicionales.
Sus compatriotas de la división de las fuerzas de operaciones especiales acudieron al lugar y empezaron a perseguir a los talibanes. Al abrir fuego contra los terroristas, "algunos proyectiles" impactaron en la aldea. Según la defensa de los acusados, se debió a defectos técnicos del armamento que cambiaron la trayectoria de las balas.
Sea como fuere, la aldea afgana sufrió un ataque de ametralladoras y un lanzagranadas. Fallecieron un hombre, dos mujeres y tres niños. Decenas de personas resultaron heridas, tres de gravedad, una mujer embarazada entre ellas.
La ISAF comentó sobre el accidente: "Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con las familias y amigos de los que murieron o fueron heridos. Es uno de los numerosos ejemplos que prueban que los extremistas talibanes son una amenaza para los afganos inocentes".
Sin embargo, la Fiscalía afirma que los militares sabían que disparaban contra una zona poblada, veían a los hombres no armados, mujeres y niños moviéndose, y sabían que ninguno de los habitantes de la localidad presentaba una amenaza. Comunica que disparar contra la aldea fue su plan inicial y que tenían una orden que les instruyó precisamente para asaltar la localidad. Según una de las versiones, el ataque contra los civiles fue la venganza por el asesinato de un polaco un día antes.
Los soldados recibieron la orden de abrir fuego contra la aldea del comandante de su pelotón y él, a su vez, la había recibido del comandante de la base polaca. La versión que están probando los investigadores es que en el momento de atacar la localidad los polacos ya no estaban amenazados por los talibán, sino que los oficiales inventaron este pretexto luego para justificar la agresión.
Todos los acusados niegan su culpa: los soldados insisten en que estaban obligados a seguir la orden de su oficial, el comandante niega que ordenó "aniquilar la aldea" y asegura "estar involucrado" en el caso.
Desde el principio el incidente tuvo una resonancia social muy amplia. Cambió por completo la postura de la población polaca acerca de la participación de las fuerzas militares del país en las operaciones militares internacionales. En particular, el 73% no apoyó la participación de los efectivos polacos en la misión afgana, según la encuesta realizada dos días después de abrirse el procedimiento contra los atacantes.
Janusz Kochanowski, comisionado de la defensa de los derechos civiles de la República de Polonia, en su época declaró que sin castigo por este crimen "Polonia pierde el derecho moral de luchar por la libertad, la democracia y los derechos humanos".
Los militares a juicio fueron llamados primero por sus colegas y, luego, por los medios de comunicación como "asesinos de niños".
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