La ciudad de Santa Rosa, en Corrientes, vive una de las realidades más crueles que existen en el país. Desde muy pequeñas, las niñas son abusadas por los familiares y después lanzadas a la prostitución.
Con sólo 16 policías para 15.000 habitantes, en este lugar “no se aplica la ley”, asegura Sonia López, representante de las Madres del Paco correntinas y presidenta de la Asociación Atrévete a la Vida. Entre otras cosas, cuentan con el 50 por ciento de mano de obra infantil para la floricultura porque, al tener manos más pequeñas, el contacto con los pimpollos es más delicado a la hora de la recolección. “En los aserraderos, los chicos ganan más que los padres”, dice López.
“Hay lugares como Santa Ana, en donde por tres pesos hacen servicios sexuales. En Santa Rosa se raptan menores de 6,7 y 8 años para juegos sexuales. Una nena de 13 me dijo, llorando, que era vieja para la prostitución porque le pagan sólo cinco pesos. Las quieren más pequeñas”, reveló la mujer horrorizada.
Los padres, en vez de denunciar estas prácticas, las encubren porque, a través de ellas, sus hijos se convierten en el sostén del hogar. “Hay madres que piden ayuda para los varones, pero no para las mujeres, porque mantienen la casa. Algunas llegan a amenazar a los hombres para que no denuncien a las hijas. Son lugares elegidos para turismo sexual”, explica López, y agrega: “algunas de las madres me cuentan que las chiquitas se desesperan por salir a la ruta a la hora que pasan los camiones, porque con ese dinero se drogan”.
Los detalles de su relato se vuelven cada vez más escalofriantes: “En el Bajo Pujol, un barrio muy pobre, viven por debajo del nivel de la pobreza, pero tienen plasma y los chicos andan descalzos. Es de una promiscuidad en la que siete u ocho se amontonan en un cuartito. El incesto es cotidiano pero no toman las denuncias. En Santa Rosa, los padres les dilatan el ano con desodorante a bolilla para que puedan estar en condiciones de prostituirse los fines de semana”.
La provincia de Corrientes tiene elementos contra el incesto y la prostitución infantil, porque la ley 26.061, de Protección Integral de los Menores, tiene el tres por ciento del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Humano. “Es muchísimo dinero, pero los funcionarios miran para otro lado. Nunca hicieron nada. La respuesta siempre es la indiferencia”, acusa la activista social.
Tras conocerse estas declaraciones, Marta Pelloni, coordinadora de la red nacional Infancia Robada, reiteró que "lamentablemente, no hay decisión política para erradicar este problema social. Es un problema de Estado, de Gobierno".
Además, manifestó que: "Estas mafias dan mucho dinero y sostienen a un determinado género de población. La droga y la trata van de la mano. No hay leyes para el clientelismo proxeneta", se quejó.
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