Del 1 de
enero al 18 de julio del año en curso, la PNC decomisó dos mil 370 pistolas,
ametralladoras, revólveres, escopetas y fusiles de asalto.La
estadística de decomisos es ínfima en comparación con las 800 mil armas
ilegales, dos terceras partes más que las legales, que circulan en este país,
destacan apreciaciones de organizaciones no gubernamentales.
El armamento
ilegal en esta nación se estima en unas 800 mil y entran por la frontera con El
Salvador, Honduras o provienen de México vía Belice, ha señalado Carmen Rosa De
León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible,
institución de la sociedad civil sin fines de lucro.
A su juicio,
el tráfico de armas es consecuencia del desvío que se produce desde los
ejércitos y las policías de Centroamérica.
Por su parte,
el ministro de Gobernación, Héctor López, ha admitido que casi el 85 por ciento
de los crímenes en Guatemala se generan por ataques armados, lo cual indica un
incremento en el tráfico armamentístico.
Acorde con
investigaciones de la PNC, en el mercado negro estos artefactos explosivos
salen mucho más baratos que en los almacenes legales.
Las pesquisas
de ese cuerpo policial relevan que adquirir una pistola de manera ilegal cuesta
entre dos mil 500 y tres mil quetzales (de 316 a 379 dólares), mientras en una
tienda legal ese mismo producto está valorado en seis mil quetzales (758
dólares).
A propósito
de la inseguridad que padece Guatemala, Erick Barrondo, subcampeón olímpico en
los 20 kilómetros de marcha, instó a cambiar las armas por unos tenis para
practicar deporte.
"Nosotros
vamos a ser el equipo de marchistas más feliz del mundo cuando en Guatemala
cambiemos un arma por un par de tenis", manifestó a la prensa Barrondo,
sentado a la derecha del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta
Roxana Baldetti, tras llegar la víspera de Londres al aeropuerto capitalino La
Aurora.
Aparte de las
temibles bandas de narcotraficantes, que emplean armas con calibres superiores
a las de las fuerzas policiales, unas 900 maras (pandillas) operan en
Centroamérica con más de 70 mil miembros, apunta la ONU.
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