Gustavo Juliá no sólo es el centro de una investigación judicial por el contrabando de 944 kilos de cocaína a España en un avión alquilado. Su nombre también aparecerá en la carátula de un expediente por tenencia ilegal de armas, según informa el diario Clarín.
Cuando el 12 de enero la Gendarmería entró a la residencia de Juliá en Perú 1256, Acassuso, se llevó los discos rígidos de sus computadoras, documentación, cinco armas de fuego, municiones, cargadores y silenciadores . Una de las armas es una pistola ametralladora 9 mm. con el logo de la Fuerza Aérea Argentina grabado en su estructura.
En ningún caso tenía autorización para usarlas . Por eso, el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, consideró que podía estar frente a un nuevo delito.
Esta pistola de 9 mm es un arma de guerra que en la Fuerza Aérea se conoce como "Patria". Se sabe que el padre de los hermanos Juliá fue el jefe de esa Fuerza durante la presidencia de Carlos Menem. Sin embargo, estos armamentos no son transferibles . La Justicia mandó a chequear si la 9 mm figura todavía dada de alta (lo que podría indicar otras irregularidades), pero lo cierto es que Gustavo Juliá no tenía permiso de portación para las pistolas escondidas en su casa.
El delito de tenencia no es competencia del fuero Penal Económico y en ese sentido procedió Catania: el jueves se declaró incompetente y una vez que su decisión quede firme, la denuncia será enviada a San Isidro, la jurisdicción que comprende al área donde vivía el menor de los hermanos Juliá hasta que decidió aterrizar en Barcelona con un jet de lujo cargado de droga. En la casa de Juliá vive su mujer Amalia y sus cuatro hijos. Ahora, tanto Gustavo como su hermano Eduardo y el copiloto Matías Miret, duermen en la cárcel modelo de Barcelona. Luego de recibir la denuncia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para investigar si la droga fue contrabandeada desde Argentina, Catania tomó –como primera medida– la decisión de allanar los domicilios de los detenidos en España y también todas las oficinas vinculadas a las empresas de los Juliá, Medical Jet y Federal Aviation.
El hallazgo de un arma de la Fuerza Aérea en manos de Juliá no es un dato menor en este expediente donde –una vez que se confirme judicialmente que el Challenger 604 salió del país con la cocaína escondida– será fundamental conocer la red de complicidades que permitió ese contrabando. En ese contexto, ya se hizo visible una interna indisimulable en el aeropuerto de Morón , un lugar en el foco de la investigación porque ahí permaneció el jet desde comienzos de noviembre hasta el 30 de diciembre. Ese aeródromo contiene una base militar de la Fuerza Aérea pero la pista y algunas plataformas dependen de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), un organismo que señala a la Fuerza Aérea a la hora de dividir responsabilidades por la falta de control. Ayer, de hecho, declaró ante Catania el jefe del aeródromo, Ricardo Palazón, un funcionario de la ANAC que eligió destacar que de los cuatro ingresos a Morón, tres dependen de la Fuerza Aérea.
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