Jared Lee Loughner ha comparecido este lunes ante un juez de la ciudad de Phoenix, que lo ha acusado del asesinato de seis personas y de herir a otras 14, incluida la congresista Gabrielle Giffords, 40 años, que sigue en estado crítico.
El joven de 22 años que provocó una masacre el pasado sábado en Tucson movía sus ojos muy rápidamente de un lado a otro y solo posaba su mirada en el techo, evitando el escrutinio visual de la prensa y el público que asistía a la vista. El juez dictó que Loughner seguirá en la cárcel a la espera de juicio y le denegó la fianza. Preguntado si entendía los derechos que se le leyeron, el pistolero contestó con un sí muy claro. Todas y cada una de las preguntas que le hicieron fueron contestadas.
Loughner fue acusado el domingo por el Gobierno de EE UU de cinco cargos, dos de ellos de asesinato -el del juez federal John Roll y el del asistente de la congresista, Gabriel Zimmerman- y otro de intento de asesinato -el de Giffords-. Este lunes, el juez de Phoenix ha aumentado esos cargos y ha extendido los delitos de asesinato para las siguientes víctimas: la pequeña de nueve años Christina Green; Dorwan Stoddard, de 76; Phyllis Schneck, de 79, y Dorothy Morris, de 76.
Junto a Loughner se encontraba la letrada que finalmente representará al acusado, después de que la Justicia de Arizona reconociera tener un conflicto de intereses a la hora de juzgar a Loughner, asesino no convicto del juez John Roll. Judy Clark, fiscal en San Diego y que formó parte del grupo de abogados que representó a Timothy McVeigh, acusado de volar un edificio federal en la ciudad de Oklahoma en 1995 causando la muerte de 168 personas, representará finalmente a Loughner. McVeigh fue ejecutado en 2001 con una inyección letal en Indiana. McVeigh mereció la muerte, según el jurado que le encontró culpable.
Para la fiscal de Pima -condado al que pertenece Tucson-, Barbara LaWall, si existe otro caso que pide a gritos la aplicación de la pena de muerte es el del tiroteo de Arizona que ha acabado con la vida de seis personas y tiene a la congresista de EEUU Gabrielle Giffords debatiéndose entre la vida y la muerte. La sangre se paga con sangre en el sistema judicial estadounidense.
El joven de 22 años que provocó una masacre el pasado sábado en Tucson movía sus ojos muy rápidamente de un lado a otro y solo posaba su mirada en el techo, evitando el escrutinio visual de la prensa y el público que asistía a la vista. El juez dictó que Loughner seguirá en la cárcel a la espera de juicio y le denegó la fianza. Preguntado si entendía los derechos que se le leyeron, el pistolero contestó con un sí muy claro. Todas y cada una de las preguntas que le hicieron fueron contestadas.
Loughner fue acusado el domingo por el Gobierno de EE UU de cinco cargos, dos de ellos de asesinato -el del juez federal John Roll y el del asistente de la congresista, Gabriel Zimmerman- y otro de intento de asesinato -el de Giffords-. Este lunes, el juez de Phoenix ha aumentado esos cargos y ha extendido los delitos de asesinato para las siguientes víctimas: la pequeña de nueve años Christina Green; Dorwan Stoddard, de 76; Phyllis Schneck, de 79, y Dorothy Morris, de 76.
Junto a Loughner se encontraba la letrada que finalmente representará al acusado, después de que la Justicia de Arizona reconociera tener un conflicto de intereses a la hora de juzgar a Loughner, asesino no convicto del juez John Roll. Judy Clark, fiscal en San Diego y que formó parte del grupo de abogados que representó a Timothy McVeigh, acusado de volar un edificio federal en la ciudad de Oklahoma en 1995 causando la muerte de 168 personas, representará finalmente a Loughner. McVeigh fue ejecutado en 2001 con una inyección letal en Indiana. McVeigh mereció la muerte, según el jurado que le encontró culpable.
Para la fiscal de Pima -condado al que pertenece Tucson-, Barbara LaWall, si existe otro caso que pide a gritos la aplicación de la pena de muerte es el del tiroteo de Arizona que ha acabado con la vida de seis personas y tiene a la congresista de EEUU Gabrielle Giffords debatiéndose entre la vida y la muerte. La sangre se paga con sangre en el sistema judicial estadounidense.
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