Según los voceros, personas de nacionalidad colombiana habrían comprado los asientos y butacas del avión, donde, según una de las hipótesis de la causa, se presume que estaban ocultos los 944 kilos de cocaína.
De acuerdo a la investigación que lleva adelante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, los colombianos habrían comprado en el barrio de Almagro los sillones que tiene el avión.
Los colombianos no fueron identificados aún, pero sí se sabe, según las fuentes, que habrían tenido comunicaciones telefónicas con Gustavo Juliá en diciembre del año pasado, antes de que ocurriera el hecho.
Una de las hipótesis que barajan los investigadores es que la droga pudo haber sido ocultada allí, aunque todavía no se sabe con certeza, ya que la Justicia española aún no envió la información requerida por Catania, de donde surgiría en qué lugar estaba la cocaína, entre otros datos clave de la causa.
El magistrado también pretende conocer el peso que tenía el avión en el trayecto Buenos Aires-Cabo Verde y desde esa ciudad a Barcelona, para determinar con exactitud donde fue cargada.
En tanto, el juez amplió un exhorto a los Estados Unidos para pedir documentación a dos empresas radicadas en ese país para saber cómo fue la operación de leasing por la que Gustavo Juliá accedió al avión.
Según las fuentes se trata de las firmas 604JET LLS y JET LEASE. La primera es la propietaria del avión, mientras que la segunda gestionó el contrato de leasing.
El magistrado quiere saber si en esa operación intervino a nombre propio Gustavo Juliá, o bien algunas de sus empresas radicadas en los EE.UU, tal como GG Gold, según las fuentes consultadas.
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